propiedad intelectual

Propiedad intelectual y redes sociales

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Las redes sociales han supuesto desde hace ya algunos años un auténtico revulsivo ante la posibilidad de compartir el conocimiento así como de derribar fronteras así como una alerta para la propiedad intelectual. Las posibilidades de comercializar un producto o servicio, se han hecho infinitas gracias a un abaratamiento de los costes del proceso entre otros aspectos. Sin embargo, desde Díaz de Magdalena aconsejamos un uso consciente de las redes, que ofrezca unas garantías al usuario y lo proteja de las inclemencias ante las que puede verse expuesto. 

Estas plataformas han crecido vertiginosamente dejando grandes vacíos legales que ahora muchos sectores y autores demandan sean parcelados con el objetivo de proteger la integridad de su conocimiento.

El valor de los contenidos culturales en las redes

Han sido muchos los que han saltado a la fama gracias a las plataformas virtuales, un gran escaparate para el sector cultural. La música es uno de los grandes protagonistas de una lucha continua por la adaptación de la actual legislación. La caída en picado de la compra de música en el establecimiento tradicional ha puesto de manifiesto la necesidad de reinventarse para poder soportar las fuertes cargas económicas que llevan adheridas sus protagonistas. Durante el proceso, las distintas redes han posibilitado el acceso y venta de este tipo de contenidos a través de internet, pero a su vez han abierto una brecha que ahora pretende ser estudiada en toda Europa, la económica.

El precio de adquisición por la explotación de contenido cultural en YouTube, Dailymotion, Facebook o SoundCloud entre otros supone un volumen de casi el 62% de sus ingresos globales, ingresos de los cuales sus autores no reciben nada o prácticamente nada.

Régimen de puerto seguro

Proteger las transferencias de datos, el almacenamiento o su tratamiento ha establecido lo que se conoce como régimen de puerto seguro. Para ello se requiere que los países que intervienen en el intercambio tengan una regulación equiparable. Con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos además se contempla la existencia de un documento previo que acredite y autorice su custodia, tratamiento, uso y seguridad. Bajo el manto de este régimen de puerto seguro se encuentra latente una ausencia de responsabilidad sobre el comercio electrónico que ha provocado que los diferentes autores europeos soliciten a la Unión Europea que adapten su legislación.

Una convivencia de competencia desleal

Para los autores y la Sociedad General de Autores (SGAE) esta situación presenta un claro desfavorecimiento de otras plataformas virtuales como es el caso de Spotify, Netflix o iTunes que sí pagan los cánones correspondientes frente a los mencionados con anterioridad.

Nos encontramos ante la necesidad de defender y proteger los derechos de todo aquello que creamos. Desde el Despacho Díaz de Magdalena siempre apostamos por un derecho preventivo, que dentro de los márgenes legales que actualmente rigen nuestro país y nuestra comunidad europea saquen nuestros productos al mercado de las redes con una protección previa.

La controversia legislativa del artículo 13

La rapidez con la que opera internet está dejando de manifiesto dos realidades, la primera de ellas se encuentra en una legislación anquilosada y obsoleta que no responde a las necesidades actuales, la segunda de ellas la falta de acuerdo para su reforma. Las diferentes opiniones al respecto se encuentran enclavadas en el artículo 13 de la Ley actual en el cual dice explícitamente que todas las plataformas deberían tomar medidas “para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos o para impedir el acceso a contenidos identificados por los titulares de derechos”. Este artículo abre la puerta a posibles censuras que han provocado la falta de unión y por tanto la falta de consenso para sacar adelante la adaptación de la ley que se está demandando.

Algunas de las propuestas que se encuentran en este momento sobre la mesa, tendrán, en el caso de ser aprobadas, importantes repercusiones en el uso habitual que hacemos a diario de internet, considerándolo ilegal, añadiendo tasas y otorgando una falta de seguridad legal que está en entredicho en este momento. Entre esas propuestas encontramos:

  • No se podrán compartir extractos de artículos publicados hasta en 20 años, en un blog o web personal sin previo consentimiento de su autor.
  • Será ilegal twittear un titular mediático que haya podido ser convertido incluso en una reivindicación por lo atractivo y acertado de su creación.
  • Enlazar en redes sociales quedará tipificado dentro del pago de las licencias. Impidiendo compartir en las diferentes redes sociales links de medios de comunicación que entre sus páginas contengan contenido cultural.   
  • Marcar visualmente en plataformas como Pinterest para uso personal será ilegal.
  • No se podrá almacenar información para ser ofrecida en un motor de búsqueda sin una licencia previa.
  • La propiedad intelectual de las imágenes, fotografías, deberán además de tener el consentimiento de sus autores pasar un filtro específico de las propias plataformas.

Frente a esta situación hay dos frente claramente diferenciados ¿Cuál es tu postura?

Delitos de propiedad intelectual en cifras

El conocimiento y la prevención son algunos de los motivos para que en 2016 hayan bajado los delitos de propiedad penal en un 25%. En total han sido 411 procesos penales los que la Fiscalía ha abierto durante 2016 después de que se aprobara la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, vigente desde el 1 de enero del 2015.

Desde nuestro despacho ayudamos a profesionales del ámbito cultural, pero también del diseño, la arquitectura… a velar por sus intereses para hacer una defensa justa de producto intelectual que sale a la luz por parte de cada autor.

Ante este panorama el tiempo nos dirá cómo afecta a otro sectores como el de los videojuegos, hasta el momento plataformas audiovisuales de contenido que han recibido grandes demarcaciones a nivel legal, se libran de esta situación crítica de divulgación de contenidos que por el momento solo afecta a las redes sociales. Solo nos queda hacernos una pregunta ¿la adaptación de la ley vendrá a velar por los los contenidos o por el bolsillo de autores? Este conflicto de intereses económicos plantea la libertad en el uso de internet y el derecho de la propiedad intelectual. Si te encuentras en una situación de este tipo o estás pensando en lanzarte a las redes, cuenta primero con un profesional del derecho especializado en este campo.