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Responsabilidad penal de las empresas. Primeras sentencias

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En un clima de absoluta novedad, sin una jurisprudencia que de pistas de por dónde andamos, todas, absolutamente todas las empresas están obligadas a tener un plan de prevención del delito. Sobre ello, ya hablamos hace unas semanas en nuestro artículo sobre la figura del compliance corporativo o director de cumplimiento normativo en las empresas españolas. Sin embargo, ya se conocen las primeras sentencias sobre responsabilidad penal de las empresas.

Según la opinión de los propios magistrados, tomando en consideración la gran controversia surgida en torno a la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de febrero de 2015, que condena a tres sociedades por responsabilidad penal de las personas jurídicas y donde no hubo unanimidad de criterio entre los Magistrados de la sala, son muchos los flecos y dudas que surgen y que tendrán que ser necesariamente resueltos. Para Purificación Pujol, autora del libro ¿Guía para prevenir la responsabilidad penal de la empresa? en declaraciones al diario El Economista: «una vez que se vayan dictando más sentencias y se conozca el parecer del Tribunal Supremo en los diversos aspectos de esta tipología, habrá más datos para poder actuar».

Compliance en la empresa

La labor del Compliance en cada empresa deberá empezar por un estudio y valoración de posibles fuentes de riesgo de incumplimiento en la empresa. Para la sentencia del Tribunal Supremo, el trabajo del compliance no puede ejecutarse de una manera automática, en base a una plantilla pre-diseñada que ajustamos a cada empresa. El Tribunal Supremo exhorta a un estudio individualizado de cada una de las empresas, donde se recojan sus rasgos únicos y específicos frente a una globalidad. En un universo de empresas de muy diversa índole no puede existir un mismo plan de compliance para una empresa del sector alimentación que para una de escobillas del baño.

Otra de las medidas que pone en valor el tremendo calado que va a tener la figura del director de cumplimiento normativo en las empresas españolas, es la atención prioritaria que se dará a nivel judicial a la capacidad de las empresas para detectar la corrupción dentro de sí mismas. Es decir, en tanto que mejores dotados y capacitados sean los mecanismos de cumplimiento normativo y prevención del delito dentro de la sociedad, mayores posibilidades tendrá la empresa de no verse sancionada penalmente si alguien, desde dentro de la organización, comete alguna irregularidad de cualquier índole. Por lo tanto, parece claro que toda empresa deberá contar con un compliance officer dentro de su estructura para ahorrarse muchos problemas. Y es que lo que persigue esta normativa no es la mera adhesión a un concepto legal, sino crear una cultura de la «no corrupción» similar al Fair Play deportivo, y por eso los planes de compliance se deberán mantener lo más reciclados que sea posible en cada caso, teniendo en cuenta las nuevas normativas que van surgiendo y que afecta en particular a cada empresa.

Esa radical novedad y esa importancia (ya que nos pueden exigir responsabilidad penal como empresa) no hace recomendable elaborar de forma interna un plan de compliance sino contar con un profesional o despacho especializado en compliance que nos asesore y así se está sintiendo cada vez más en las empresas. «La materia es muy delicada y es necesario no dar pasos en falso. Pocas inversiones nos harán dormir mejor como empresas» afirma Gloria Gámez, directora de una empresa de cosmética.

Primeras experiencias en responsabilidad penal de las empresas

La sala II del Supremo ha instruído el caso en el que se juzgaba la responsabilidad penal de tres empresas en un delito contra la salud pública por hallarse 6 toneladas de cocaína escondida en maquinaria que se importaba y exportaba entre España y Venezuela. La Audiencia Nacional había condenado a dichas empresas y esta sentencia del Supremo lo confirma. Uno de los aspectos llamativos en esta resolución ha sido la protección del más de un centenar de trabajadores de una de las empresas. La sala ha querido evitarles pagar a ellos las consecuencias de ese comportamiento delictivo y ha excluido de la sentencia la disolución de dicha empresa para evitar que esas personas perdieran sus puestos. Sin embargo, la empresa deberá hacer frente a una sanción que ronda de 775 millones de euros.

Ante una sentencia de responsabilidad penal de las empresas cabría preguntarse ¿qué requisitos se tienen que dar para que se impongan penas a una empresa en relación a la comisión de un delito? Pues bien, la sentencia nos marca como requisitos necesarios para afirmar la responsabilidad de una empresa sobre un delito dos factores:

  1. Debe probarse la comisión de delito por parte de una persona física que sea miembro integrante de la persona jurídica. En el mencionado caso del tráfico de estupefacientes en maquinarias eran los administradores titulares o de hecho de la empresa.
  2. La empresa tiene que haber cometido dejadez en sus funciones de vigilancia y control para evitar la comisión de los delitos.

Una vez más, vemos cómo el contar con un plan de compliance corporativo y ejecutar las medidas de control normativo que establezca resulta indispensable a una empresa. Tanto es así, que es uno de los dos factores más importantes que pueden estudiarse en caso de querer imponer una sanción a la compañía por su responsabilidad penal en la comisión de un delito por parte de una/s de las personas que la integran.

Ante la comisión de un delito dentro de la empresa, la justicia irá a por aquel (persona física) que ha cometido el delito, pero también estudiará la responsabilidad penal de la empresa (persona jurídica) en la comisión del delito, si no de forma activa, si en base a un comportamiento pasivo por no poner todos los medios a su alcance para evitar o dificultar la comisión de ese delito. Incluso cuando ese delito se hubiera producido ya de forma inevitable, un buen sistema de cumplimiento y control (el que anticipa los riesgos y sabe por dónde habrá puntos de fuga) lo va a detectar y dará a la empresa la posibilidad de poner el delito en conocimiento de la justicia. Esa capacidad para detectar el delito, y ese esfuerzo para prevenirlo y evitarlo es lo que la justicia española exige ahora a las empresas. Estas deberán dotarse de personas capaces de elaborar un paquete de medidas y un plan de control para llevarlas a cabo y evitar en lo posible la comisión de delitos dentro del ámbito de la organización. Para aquellas empresas que no puedan absorber esta gestión, despachos especializados como Díaz de Magdalena (Madrid) ofrecen este servicio de forma externa para asegurar a la empresa una observancia real de todo el marco normativo que le afecta y unas medidas efectivas que persiguen el cumplimiento de la misma.

Si usted desea recibir información sobre nuestro servicio de COMPLIANCE OFFICER o Compliance corporativo y blindar su empresa ante la comisión de posibles delitos dentro de la misma, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho. Nuestros expertos le atenderán ágilmente.

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