Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

Ley de Garantía de la Unidad de Mercado: TC declara inconstitucionales dos artículos

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La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado nos dice ya en su preámbulo que “La unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española. El principio de unidad de mercado tiene su reflejo en el artículo 139 de la Constitución que expresamente impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.” Es decir, Ley de Garantía de la Unidad de Mercado es una ley que pretende hacer funcionar mejor a las empresas españolas por medio de mejorar el entorno en el que desarrollan su actividad.

Para entender mejor a lo que nos estamos refiriendo, diremos que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado quiere actuar respetando, por una parte, las competencias propias de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y entidades locales… pero salvaguardando por otra parte cierta uniformidad de criterios que homogeneicen el mercado para hacerlo más atractivo a la inversión. Y es que los inversores, son más propicios a mercados menos fragmentados, menos cambiantes. Invertir es arriesgar. Cuanto más uniforme sea el tapiz sobre el que se invierte, menos pliegos y arrugas presente… menos será el riesgo percibido por el inversor. De ahí la importancia de dar uniformidad al mercado.

Un mercado poco fragmentado facilita la competencia entre sus agentes, aprovecha las economías de escala, mejora la productividad y por ende la producción, el empleo, la inversión… Esto no se puede hacer de forma draconiana, pasando por encima de los pueblos, pero reinando un consenso, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado debe procurar el marco legal necesario para que todos estemos en la órbita de la competitividad.

Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y Generalitat

La Generalitat catalana, o lo que es lo mismo, el gobierno ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado por considerar que violaba algunos de sus derechos y competencias. El Tribunal Constitucional les ha dado la razón parcialmente, o lo que es lo mismo, ha estimado el recurso en parte.

Así, dos de los artículos contenidos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado concretamente el 19 y el 20 se han considerado no constitucionales (ambos referidos al principio de eficacia en todo el territorio nacional). Los artículos venían a expresarse en los siguientes términos:

  • Artículo 19. Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional
    1. Desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar.
    2. Cualquier producto legalmente producido al amparo de la normativa de un lugar del territorio español podrá circular y ofertarse libremente en el resto del territorio desde el momento de su puesta en el mercado.
    3. Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificación o garantía alguno.
  • Artículo 20. Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas.
    1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites adicionales:
    2. a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio.
    3. b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica.
    4. c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una actividad económica.
    5. d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan acceder a una actividad económica o ejercerla.
    6. Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena capacidad para realizar sus funciones en todo el territorio nacional.

Obviamente, el texto legal contiene más desarrollo, pero hasta aquí creemos que nuestros lectores se habrán podido construir una idea bastante precisa de lo que promulgan ambos artículos. Visto lo visto:

¿Qué ha interpretado como inconstitucional el Tribunal Constitucional?

Dice el Tribunal Constitucional que ambos artículos “Prescinden del requisito previo de equivalencia de las normativas aplicables en las distintas comunidades autónomas para la producción o comercialización del mismo bien o servicio, privando, de esta forma, de eficacia a la normativa aprobada en los territorios de destino basándose en sus propias competencias”.

Analizando la expresión, diremos que el Tribunal Constitucional, considera que existe un requisito previo a la propia aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que debe satisfacerse. Ese requisito es que debe respetarse la normativa que las comunidades autónomas recogen a partir de sus propias competencias por ejemplo cuando son territorios de destino de un producto (es decir, donde se va a comercializar) un producto de una empresa proviniente del exterior de la propia comunidad.

La relación mercado-ley es en la mayoría de las ocasiones muy compleja. La ley es el punto de acuerdo de todos, que nos dice en qué marco se deben desarrollar las relaciones entre personas, entre empresas y entre ambas. Sin embargo el mercado es más matemático y las matemáticas tienen sus propias leyes. Hacer cuadrar unas con otras es lo más complicado.


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