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El FOGASA no puede asumir las deudas provocadas por la insolvencia empresarial

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La crisis por la que ha pasado nuestra economía ha provocado la insolvencia de numerosas empresas que se han visto abocadas a echar el cierre. La tensión se vive en el corazón de aquellas entidades que ven como no pueden hacer frente a sus deudas. Proveedores, trabajadores… liquidaciones pendientes que sumergen a las marcas en demandas y procesos judiciales complejos. Llegar al final del proceso y encontrar que no hay fondos, siempre abre una última esperanza, el FOGASA, pero ¿cuál es su situación actual?

La gran demanda de los últimos tiempos ha dejado al Fondo de Garantía Salarial sin una dotación suficiente para hacer frente a todos los pagos de empresas insolventes y en concurso de acreedores poniendo en entredicho su viabilidad financiera. Desde 2013 arrastra problemas para hacer frente a sus compromisos.

Gestión ineficaz del FOGASA     

Desde el Despacho Díaz de Magdalena siempre apostamos por invertir en una buena gestión de las empresas y de las instituciones en general. El Fondo de Garantía Salarial es uno de los últimos ejemplos de las consecuencias que puede tener el descontrol en las previsiones, cuentas, personal…

La falta de un equipo de control ha provocado el caos. El informe publicado por el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que el descontrol del FOGASA ha realizado pagos fraudulentos.

Cómo afecta a empresarios y empleados la situación del FOGASA

El número de expedientes recibidos por el FOGASA desde 2013 supera en un casi 300% en relación a los de 2007. Esta situación ha provocado que el tiempo que un afectado tarda en recibir la resolución de su caso aumente y se sitúe cercano al año, una cifra que se aleja mucho de los tres meses acordados.

La situación del FOGASA viene a plantearnos un paralelismo claro con la empresa privada en cuanto a la previsión. El Fondo de Garantía Salarial no ha sido capaz de anticiparse a un país en crisis que ha visto paulatinamente como el número de empresas que echaban el cierre o las personas que perdían su empleo crecía a un ritmo vertiginoso. Su falta de previsión ante el caudal de expedientes que reciben ha provocado el aumento del tiempo de espera para su resolución, pero también la falta de liquidez para dar respuesta a todas las demandas. Todo ello además ha desembocado en que una plantilla escasa de personal se desborde y cometa otros errores derivados entre otros aspectos de las prisas como el del pago doble a empresas, el pago a trabajadores no dados de alta, pagos a empresas ficticias o la recepción por dos vías diferentes pero no compatibles de las ayudas de estos fondos.

Deficiencias en el proceso legal

El destape de esta situación ha puesto sobre la mesa muchas deficiencias en los procesos de solicitud, la primera de ellas la falta por parte del FOGASA de una hoja de ruta clara y estable, de forma que la actuación frente a todos los expedientes recibidos sea la misma. Así mismo los requisitos y documentación necesaria de cada expediente deben estar debidamente formalizados, algunos de los cuales no lo han estado, se han incluso extraviado en el camino. De ahí la importancia también de una buena asistencia legal que vele por la resolución en tiempo y en forma, y asegure la presentación de la documentación necesaria de forma rigurosa.

El FOGASA y los concursos de acreedores

La falta de comunicación con los diferentes agentes implicados en la vida empresarial es uno de los problemas fundamentales que se han detectado. Uno de los principales es el desconocimiento del Fondo de Garantía Salarial sobre las empresas que se encuentran en concurso de acreedores, algo que puede suponer importantes complicaciones debido al riesgo que supone no incluir en la liquidación definitiva del concurso de acreedores los créditos a favor del organismo entre otras cosas.

¿Cómo afecta el hecho de no ir a concurso de acreedores? Hay empresas insolventes que deberían ir a concurso de acreedores y no lo hacen ¿qué explicación hay detrás? existe una economía sumergida detrás de esta situación que lleva a numerosas microempresas a echar el cierre antes de agotar la vía del concurso, porque son conocedores de que las prestaciones a través de esta vía pueden superar las de la judicial, pero ¿qué pasas cuando se acaba el dinero? ¿qué interés existe por la existencia de un modelo de negocio sostenible que genere y mantenga puestos de trabajo?

Una tendencia que se abre campo

Frente al descenso de años anteriores, las últimas cifras de julio de 2017 han arrojado un dato muy interesante, los concursos de acreedores están empezando a repuntar sus cifras, concretamente en un 7%, en gran parte motivados por la salida de la crisis y la recuperación de un ánimo latente en el fondo del sector empresarial.

Por ello y con el objetivo de evitar esa economía sumergida que antes mencionábamos se están alzando las primeras voces para trabajar en una reforma concursal que tenga en cuenta las características determinantes que diferencian a autónomos, micropymes, pequeñas, medianas y grandes empresas. Una reforma que haga más interesante la opción del concurso de acreedores y que mejore el conocimiento del mismo, todavía muy desconocido.

Un plan de viabilidad para afrontar la situación

Ante la avalancha padecida, el FOGASA se defiende de las acusaciones del Tribunal Mixto, alegando que ante la situación de falta de personal ante el gran aumento de trabajo se realizó un plan de viabilidad de acuerdo con lo establecido por la Abogacía del Estado mediante el cual se acordó contar con Tragsatec. Una participación que costó 3.207.000 euros y que según el FOGASA no puede compararse con lo que hubiera supuesto si ese trabajo hubiera salido del funcionariado del Fondo, que hubiera triplicado la cantidad.

Desde el despacho Díaz de Magdalena creemos en un trabajo de organización empresarial durante toda la vida de la entidad que asegure de forma profesional y legal los pasos de la andadura de una entidad.